Mujeres comunales: defensoras de derechos humanos, poder territorial y blanco de la violencia política

El foro virtual «Voces que defienden… Mujeres que transforman» cerró el proyecto Mujeres liderando por la vida y desde la vida con un mensaje claro: la protección de las lideresas es una obligación del Estado y una tarea de todas.

Por Jaqueline Campos Rincón

Coordinadora de OLA Mujeres · Observatorio Latinoamérica Ahora · Bogotá, 17 de octubre de 2026

Están en cada vereda, en cada barrio y en cada corregimiento, incluso allí donde el Estado no ha llegado. Gestionan la vía, el acueducto, la escuela y la olla comunitaria. Y, precisamente por ese poder que ejercen en los territorios, son amenazadas, estigmatizadas y desplazadas. Así describieron a las mujeres comunales de Colombia las panelistas del foro virtual «Voces que defienden… Mujeres que transforman», realizado el sábado 17 de octubre como cierre del proyecto Mujeres liderando por la vida y desde la vida.

El proyecto, ejecutado por la Fundación Caminemos Juntos, surgió de una solicitud de grupos de mujeres y lideresas presentada al Banco de Iniciativas 2025 del Ministerio del Interior. Durante varios meses acompañó a mujeres líderes comunales y defensoras de derechos humanos de 32 municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y de otros territorios que se sumaron al proceso, con cinco talleres sobre liderazgo transformador, derechos humanos con enfoque de género, salud mental y autocuidado, gestión de emociones y resolución de conflictos.

La apuesta comunicativa fue uno de sus sellos. Bajo el acompañamiento del profesor Jesse Fernández, experto en comunicación popular y derechos humanos, las participantes produjeron podcasts sobre maternidades, justicia comunal, cuidado del ambiente y perdón. «Somos mujeres que aprenden, participan y alzan su voz», resume el lema del proceso.

Un reconocimiento a Magda Beltrán

El foro rindió reconocimiento a Magda Beltrán, histórica defensora de derechos humanos y lideresa comunal, cuya trayectoria encarna lo que el proyecto quiso visibilizar: décadas de trabajo en los territorios sosteniendo la organización comunitaria y la defensa de la vida. Sus palabras al inicio del encuentro marcaron el tono de la jornada y fueron retomadas por las panelistas como punto de partida para hablar de participación y protección.

La violencia política ya tiene nombre en la ley

La abogada Ángela María Falla abrió el panel recordando que el ejercicio de la democracia requiere la participación libre, equitativa y justa de toda la ciudadanía. Sin embargo, advirtió, las mujeres en Colombia han enfrentado barreras históricas, estructurales y socioculturales que van mucho más allá de la brecha electoral: actos dirigidos a amedrentarlas, subordinarlas o expulsarlas del escenario público.

Falla explicó el alcance de la Ley 2453 de 2025, que por primera vez reconoce la violencia política contra las mujeres como tal. Antes, las agresiones contra lideresas, candidatas y electas se tramitaban como delitos comunes, sin reconocer que su propósito era impedir el ejercicio de los derechos políticos. La norma, alineada con la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, ampara también a las mujeres de las organizaciones de la sociedad civil, y distingue siete formas de violencia: psicológica, simbólica, económica, física, sexual, digital y vicaria.

La panelista insistió en que estas violencias no son hechos aislados, sino un continuum: una cadena sistemática de agresiones que acompaña a las mujeres a lo largo de su vida y que se intensifica cuando deciden ocupar lo público.

La protección: una obligación del Estado, no un favor

Liliana Ramírez Tabima, quien trabaja con comunidades étnicas, víctimas y personas defensoras de derechos humanos, presentó la ruta de protección para las mujeres comunales en el marco del conflicto armado. Su punto de partida fue que la protección no depende de la voluntad de un alcalde: es una obligación que nace de compromisos internacionales, como la Declaración de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, y que tiene rango constitucional por el artículo 93 de la Carta.

Ramírez invitó a las lideresas a conocer y leer la Sentencia T-469 de 2020 de la Corte Constitucional, que define los niveles de riesgo ordinario, extraordinario y extremo, y la forma en que la Unidad Nacional de Protección los califica a partir de tres variables: amenaza, riesgo y vulnerabilidad.

“Es la sentencia más linda que conozco. Por favor, tomen nota y léanla.” Liliana Ramírez Tabima

Su mensaje central fue que la protección no puede ser igual para todas. Cada territorio, cada liderazgo y cada mujer enfrentan riesgos distintos, y las medidas deben responder a esa realidad, con enfoque de género y diferencial. En ese sentido, criticó la tendencia a reducir la protección a un paquete estándar.

“No es una protección meramente de un chaleco y un celular, como se está realizando de años atrás.” Liliana Ramírez Tabima

La experta recordó que conocer el decreto, la norma o la resolución ya es una forma de autoprotección, y que la columna vertebral de la ruta es denunciar: si no es ante la Fiscalía, al menos en la Personería, porque el Estado tiene que saber lo que está pasando. Explicó además la existencia de una ruta individual y una ruta colectiva, pues cuando se amenaza a la presidenta de una junta de acción comunal se amenaza a toda una comunidad, y destacó conquistas recientes como el esquema ligero, un apoyo económico que permite, por ejemplo, cubrir un arriendo cuando la lideresa debe salir de su territorio.

Las comunales, defensoras por ley

El panel contó con los aportes de Martha Trinidad Maldonado Villamizar, secretaria de Derechos Humanos de la Confederación Comunal, quien ha destacado que la Ley 2166 reconoce formalmente a las mujeres y hombres comunales como defensores de derechos humanos, y que la Resolución 031 de 2024 facilitó su inclusión en el programa de la Unidad Nacional de Protección con enfoque de género. Durante el foro, su labor fue reconocida por la creación de la mesa de seguridad, una conquista que abre a las comunales un espacio propio en las decisiones sobre su protección.

OLA Mujeres: que ninguna lideresa vuelva a sentirse sola

Jaqueline Campos Rincón, coordinadora de OLA Mujeres, presentó el Observatorio Latinoamérica Ahora y su apuesta por el liderazgo político de las mujeres, que se expresa en cuatro líneas: el encuentro y la red; la formación política desde la educación popular, a través de la Escuela de Gobernanza Feminista; la visibilización de la realidad de las mujeres que lideran; y el aprendizaje desde las propias experiencias de gobierno y liderazgo, objeto del encuentro Poderosas, realizado una semana antes en Yopal con mujeres de seis países.

Campos llevó a la organización comunal los tres apellidos de Poderosas: territorios, liderazgo y resistencia política. Recordó que la organización comunal es la red más antigua de Colombia y que eso convierte a sus mujeres en un verdadero poder territorial, y planteó que el liderazgo comunal es colectivo.

“Una lideresa comunal no se mide por cuántas la siguen, sino por cuántas lideresas deja sembradas en su junta y en su vereda.” Jaqueline Campos Rincón

La coordinadora de OLA Mujeres puso a dialogar a tres pensadoras feministas. Con la feminista comunitaria guatemalteca Lorena Cabnal (2010) nombró el cuerpo-territorio: el cuerpo de las mujeres es el primer territorio que se habita y se defiende, y la tierra es el cuerpo de los pueblos. Con Rita Segato (2018) planteó pasar del proyecto histórico de las cosas, que acumula, al proyecto histórico de los vínculos, que cuida. Y con Silvia Federici (2004) recordó que el capitalismo se edificó sobre la subordinación de las mujeres y su trabajo no pagado, y que para ello necesitó dividirlas. Por eso, advirtió, el relato de que las mujeres son rivales forma parte del pacto patriarcal, mientras los hombres en el poder funcionan, en palabras de Segato (2016), como una cofradía que se protege a sí misma. «Cada derecho que tenemos lo conquistamos juntas», afirmó.

Campos recomendó además a las lideresas, en especial a las mujeres rurales, conocer y activar cinco herramientas de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, entre ellas el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2026-2036 y el decreto de Empresas y derechos humanos.

Lo que queda

El foro dejó tareas concretas: llevar a cada junta y a cada vereda las normas y rutas de protección, denunciar todo hecho de amenaza o violencia política, incluidas las simbólicas y digitales, y exigir medidas idóneas que respondan a la realidad de cada lideresa. La Fundación Caminemos Juntos enviará a las participantes un folleto con el paso a paso de la ruta de protección.

Desde OLA Mujeres, el compromiso es tender puentes entre las organizaciones comunales y las redes de mujeres de América Latina, para que la experiencia de cada lideresa se convierta en aprendizaje para otras. Como cerró Jaqueline Campos su intervención: que ninguna lideresa comunal vuelva a sentirse sola.

Desde la raíz, desde el territorio y desde la memoria, seguimos.

Referencias

Cabnal, L. (2010). Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala. En Feminismos diversos: el feminismo comunitario. ACSUR-Las Segovias.

Federici, S. (2004). Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Traficantes de Sueños (ed. en español, 2010).

Segato, R. L. (2016). La guerra contra las mujeres. Traficantes de Sueños.

Segato, R. L. (2018). Contra-pedagogías de la crueldad. Prometeo Libros.

Compartir en redes sociales

Publicaciones relacionadas